Como pocas veces en nuestra historia, nuestro país exhibe hoy un boyante crecimiento económico. ¿Seguir esa senda generará desarrollo? ¿Basta el crecimiento económico para crear institucionalidad? Estamos muy bien en lo macro, pero para que nuestra sociedad sea más próspera, pacífica, inclusiva y competitiva en el mundo global, no solo requerimos garantizar condiciones de crecimiento económico sino mejorar los indicadores relacionados con la institucionalidad, la justicia y el cumplimiento de la ley, que son medidos en el ámbito internacional. Por ejemplo, según el último Informe Mundial de Competitividad 2010-2011, el Perú continúa mostrando debilidades en el tema institucional, pues cayó del puesto 90 al 96 de un total de 139 países, mientras que Chile se encuentra en el puesto 28; es decir, 68 puestos por delante. Similares deficiencias muestran los Indicadores de Gobernabilidad del Banco Mundial, referidos al “respeto y cumplimiento de la ley”. Allí, mientas que Chile (88%) mejora de un período al otro, nosotros bajamos (26%), colocándonos por debajo del promedio latinoamericano (34%).
El cumplimiento de la ley es importante para el ciudadano y para la vida en sociedad. Si no rige la ley, no habrá transacciones seguras, no se podría cautelar la intimidad de las personas, no se podría garantizar derechos alimentarios, no habría derechos laborales, regiría en nuestras relaciones la ley de la selva y el crecimiento terminaría siendo territorio solo de algunos poderosos y de muchos mafiosos.
Desde el sector privado y académico se viene gestando una iniciativa para mejorar estos indicadores y afrontar una tarea pendiente en nuestra sociedad desde un actor clave para la promoción del Estado Constitucional de derecho: los abogados. Así como nuestras empresas se han globalizado y han adoptado prácticas de buen gobierno corporativo, el ejercicio del derecho se ha globalizado y requiere también de buenas prácticas para modernizar la profesión. Ya hay muchos abogados, gerencias jurídicas, estudios de abogados y facultades de derecho que se han adecuado a esta nueva realidad y que están adoptando nuevos estándares para el ejercicio profesional, pero falta aún mucho camino por recorrer. La visión es lograr al 2012 un sistema de autorregulación que garantice mejores estándares en la conducta de los abogados.
Para nuestro país es imperativo pasar del mero crecimiento económico al desarrollo sostenible, lo cual supone elevar los niveles de cumplimiento de la ley para fortalecer los derechos de los ciudadanos y el estado constitucional de derecho. Confiemos que así sea.
Por: Beatriz Boza
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