Entre los años 1980 y 2000, el conflicto armado interno fue el episodio de violencia más intenso y extenso de nuestra historia republicana. La Comisión de la Verdad y Reconciliación estimó que la cifra total de víctimas fatales es de 69,280 personas, de las cuales, el 46% fue provocado por Sendero Luminoso, organización subversiva y terrorista que estuvo al mando de Abimael Guzmán. Tras su captura en 1992, SL cambió de táctica y hoy busca registrarse ante el JNE con el nombre de Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (MOVADEF) como un partido político más. Al respecto, conversamos con el Dr. Henry Pease, excongresista y testigo vivencial de este periodo.
Desde su formación en el año 2009, el MOVADEF pretende ingresar al sistema democrático peruano con el objetivo de pedir una amnistía general para todos los actores de la “guerra interna” que se vivió en nuestro país, entre ellos Abimael Guzmán. ¿Cuál es su posición al respecto?
Este tipo de hechos se encuentran en todos los países que han vivido momentos de quiebre democrático. Y en ninguno de ellos se permite ambigüedad alguna en términos de la participación formal en el sistema democrático y la permanencia de viejas lealtades o viejos proyectos. El “pensamiento Gonzalo” no es una idea democrática y eso –si ustedes revisan la Ley de Partidos Políticos- está directamente en contra de un elemento que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debe tener en cuenta para no autorizar la inscripción.
La Ley de Partidos Políticos también prevé que si el Defensor del Pueblo inicia un trámite ante la Corte Suprema, esta le puede quitar el reconocimiento a un partido ya inscrito. También hay otra norma en esta ley que dice que no puede ser reconocida como partido político una entidad que no tenga lealtad con el sistema democrático. Y eso es elemental: nadie puede admitir que, con la historia que hemos vivido, esta frontera se cruce tan fácilmente.
Si es tan elemental, ¿por qué el JNE no ha emitido aún una resolución contundente y clara sobre el tema, y zanja el problema de una buena vez?
Lamentablemente, creo que en el JNE hay timoratos; un minimalismo que es un error en cualquier fase de la vida. Hay cosas que tienen que ser meridianamente claras. Nadie puede invocar la legalidad del Perú, participar de esa legalidad, y al mismo tiempo, querer socavarla. Cuando se plantea que salgan de la cárcel por mandato de un proceso judicial medianamente justo (porque han sido corregidos los problemas que hubo en el pasado), entonces eso es equivocar las cosas y no tener en cuenta la sensibilidad de la ciudadanía.
Toda sociedad estructura sus normas teniendo en cuenta lo que ha vivido. La historia nos marca, y nosotros no podemos hacer que la gente se sienta tranquila caminando por la calle si personas que han profesado el “pensamiento Gonzalo” también lo hace, y encima con el ropaje de ser una “entidad de la democracia”. ¿De qué democracia?
¿Qué reformas podrían aplicarse a la Ley de Partidos Políticos desde el Parlamento?
Toda ley se modifica por otra ley. Siempre es posible legislar mejor, pero aquí se abusa de eso. En otros países, lo que funciona son leyes bastante generales –que definen los objetivos-, y lo demás lo define el sistema judicial, que las aplica. No es necesario que frente a cada cosa hagamos un cambio. Si alguien considera necesario hacer modificaciones, que se hagan; pero lo que no se puede negar es que esta sociedad no soporta ambigüedades en este tema, porque tiene las heridas abiertas.
Sin embargo, los defensores del MOVADEF afirman que “no puede haber persecución por razones ideológicas”…
No es por razones ideológicas. Nadie puede participar de un sistema estructurado de democracia si está suscribiendo paralelamente el mismo pensamiento que llevó a la peor acción terrorista de la historia del Perú. Esto no puede ocurrir en nuestra sociedad. En Alemania pasa lo mismo con los nazis. Los pueblos tienen derecho a defenderse y es preferible que se defiendan así a que lo hagan con el “ojo por ojo”, y entonces, así como sale un “pensamiento Gonzalo”, salga después un pensamiento extremista que diga “yo resuelvo el asunto matándolos”. En ninguna democracia nadie puede matar por su propia mano y quedar impune.
Los excarcelados por terrorismo, que ya cumplieron su condena, ¿tienen derecho a participar de la vida política del país?
Sí pueden participar de la vida política, pero deben cumplir las reglas. Hay algo a lo que nos han acostumbrado desde algunas vertientes: ¿es posible invocar a un delincuente y decir que uno sigue su pensamiento? Bueno, quien lo invoca también es un poquito delincuente, ¿no es cierto? Y eso vale para Alberto Fujimori y para Abimael Guzmán, porque ambos son delincuentes y por delitos gravísimos. Yo no creo que eso deba admitirse, pero entiendo que hay diferencias en los procesos históricos. No se puede invocar el pensamiento de un delincuente.
Mientras que la Comisión de la Verdad y Reconciliación afirma de manera contundente que entre 1980 y el año 2000 el Perú vivió un “conflicto armado interno”, el MOVADEF afirma que se vivió una “guerra interna”. ¿Existe alguna diferencia –desde el punto de vista jurídico- entre ambos conceptos? ¿O son sinónimos?
Yo no soy jurista y no me regodeo en los conceptos. Esto, con el nombre de “guerra” o con el nombre de “conflicto armado”, para el 99.9% de los peruanos significa lo mismo: matar a sangre fría, tenernos en vilo a todos, tener el país en jaque. Eso no puede ser admitido.
Otros movimientos radicales latinoamericanos, como el M-19 (Colombia) o los Tupamaros (Uruguay), transitaron de la lucha armada a la política. ¿Por qué Sendero Luminoso o el MRTA no deberían recibir el mismo trato?
El M-19 o los Tupamaros son movimientos muy diferentes de Sendero Luminoso. Tuvieron más de guerrilla que de terrorismo (aunque algunos incurrieron en una que otra acción terrorista). En todo caso, la evaluación de esos movimientos se hace en sus países; no podemos nosotros mirarlos desde afuera. En Ciencias Políticas, nosotros usamos siempre la política comparada, que señala que, en primer lugar, los países que han padecido momentos brutales de quiebre democrático se cuidan de que no se regrese a esa situación y de que nadie les venda gato por liebre. Entonces, hay que tener normas claras, y los órganos que resuelven estos temas deben dar sentencias claras.
Este año se conmemora el vigésimo aniversario de la captura de Abimael Guzmán, hecho decisivo que marcó un antes y un después en la historia nacional reciente. Sin embargo, las nuevas generaciones no saben quién es él y desconocen este periodo de violencia. ¿Cómo combatir esta amnesia colectiva?
Usted me dice que una persona que tiene ahora 20 años, ¿no conoce qué pasó hace 30 años? ¿Dónde vive esa persona? ¿Con quién habla? Yo le aseguro que todo el que hoy tenga 20 años debe tener una idea de qué ocurrió en ese momento en la historia del Perú. La historia no se transmite solamente por los libros. Se transmite de persona en persona, hasta por los miedos y comportamientos colectivos que uno observa en la ciudad. Y en todo caso, sí es responsabilidad del sistema educativo que no se olvide la historia. Y toda la historia, no solamente la que nos gusta.
¿Por qué los grupos que están en desacuerdo con las conclusiones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en estos momentos salen a la luz como los principales abanderados de la lucha antiterrorista?Eso lo han querido ser siempre y todos sabemos que no ha sido así. Cuando el grupo Colina hacía sus barbaridades, salían a poner en cuestión el que se les acusara, y pretendían enfrentarnos con las FF.AA., como si denunciar esa acción paramilitar fuera cuestionarla. Lo que ha habido siempre es un intento de aprovechamiento político y lo sigue habiendo, aunque sea por razones ideológicas, para sentirse mejor. Cada uno es responsable de su conciencia. Lo único que sé es que los ciudadanos del Perú somos los que hemos defendido a nuestra sociedad.
En 1989 usted hizo una convocatoria ciudadana...
La hice yo, pero se sumaron todos, empezando por Mario Vargas Llosa. Ese año derrotamos políticamente a Sendero, salimos a las calles en la manifestación más amplia que ha habido en el Perú, a decir “no aceptamos el terror, venga de donde venga, y no aceptamos las consignas de Sendero”. Esa manifestación en Lima fue replicada en todas las capitales de los departamentos, sin que hubiera habido una institución que estuviera detrás. Porque éramos los ciudadanos los que intentábamos decir “basta a esta barbarie”. Dentro de ese paraguas llegaron luego los demás actores del Estado, y nadie puede ponerse por encima de lo que hizo la ciudadanía de a pie.
Ud. mencionaba en un video de Aula Abierta de la PUCP que la democracia consiste en “reconocer al otro, entender al que piensa distinto, al que discrepa”. Pero ¿esta tolerancia en la democracia tiene un límite?
El límite es que el Estado es el único titular del uso de la fuerza. La violencia no puede ser ejecutada por nadie. Yo no puedo imponerle mis ideas a usted con un arma en la mano ni matándolo ni mucho menos volándolo. Ese límite tiene un componente ético y político de otra naturaleza y va más allá de cualquier discusión de ideas. ¿Estoy dispuesto a tolerarlo y por lo tanto a no chantajearlo con un arma y no matarlo? En ninguna sociedad se puede permitir eso porque inmediatamente desaparece el orden público.
Desde su formación en el año 2009, el MOVADEF pretende ingresar al sistema democrático peruano con el objetivo de pedir una amnistía general para todos los actores de la “guerra interna” que se vivió en nuestro país, entre ellos Abimael Guzmán. ¿Cuál es su posición al respecto?
Este tipo de hechos se encuentran en todos los países que han vivido momentos de quiebre democrático. Y en ninguno de ellos se permite ambigüedad alguna en términos de la participación formal en el sistema democrático y la permanencia de viejas lealtades o viejos proyectos. El “pensamiento Gonzalo” no es una idea democrática y eso –si ustedes revisan la Ley de Partidos Políticos- está directamente en contra de un elemento que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debe tener en cuenta para no autorizar la inscripción.
La Ley de Partidos Políticos también prevé que si el Defensor del Pueblo inicia un trámite ante la Corte Suprema, esta le puede quitar el reconocimiento a un partido ya inscrito. También hay otra norma en esta ley que dice que no puede ser reconocida como partido político una entidad que no tenga lealtad con el sistema democrático. Y eso es elemental: nadie puede admitir que, con la historia que hemos vivido, esta frontera se cruce tan fácilmente.
Si es tan elemental, ¿por qué el JNE no ha emitido aún una resolución contundente y clara sobre el tema, y zanja el problema de una buena vez?
Lamentablemente, creo que en el JNE hay timoratos; un minimalismo que es un error en cualquier fase de la vida. Hay cosas que tienen que ser meridianamente claras. Nadie puede invocar la legalidad del Perú, participar de esa legalidad, y al mismo tiempo, querer socavarla. Cuando se plantea que salgan de la cárcel por mandato de un proceso judicial medianamente justo (porque han sido corregidos los problemas que hubo en el pasado), entonces eso es equivocar las cosas y no tener en cuenta la sensibilidad de la ciudadanía.
Toda sociedad estructura sus normas teniendo en cuenta lo que ha vivido. La historia nos marca, y nosotros no podemos hacer que la gente se sienta tranquila caminando por la calle si personas que han profesado el “pensamiento Gonzalo” también lo hace, y encima con el ropaje de ser una “entidad de la democracia”. ¿De qué democracia?
¿Qué reformas podrían aplicarse a la Ley de Partidos Políticos desde el Parlamento?
Toda ley se modifica por otra ley. Siempre es posible legislar mejor, pero aquí se abusa de eso. En otros países, lo que funciona son leyes bastante generales –que definen los objetivos-, y lo demás lo define el sistema judicial, que las aplica. No es necesario que frente a cada cosa hagamos un cambio. Si alguien considera necesario hacer modificaciones, que se hagan; pero lo que no se puede negar es que esta sociedad no soporta ambigüedades en este tema, porque tiene las heridas abiertas.
Sin embargo, los defensores del MOVADEF afirman que “no puede haber persecución por razones ideológicas”…
No es por razones ideológicas. Nadie puede participar de un sistema estructurado de democracia si está suscribiendo paralelamente el mismo pensamiento que llevó a la peor acción terrorista de la historia del Perú. Esto no puede ocurrir en nuestra sociedad. En Alemania pasa lo mismo con los nazis. Los pueblos tienen derecho a defenderse y es preferible que se defiendan así a que lo hagan con el “ojo por ojo”, y entonces, así como sale un “pensamiento Gonzalo”, salga después un pensamiento extremista que diga “yo resuelvo el asunto matándolos”. En ninguna democracia nadie puede matar por su propia mano y quedar impune.
Los excarcelados por terrorismo, que ya cumplieron su condena, ¿tienen derecho a participar de la vida política del país?
Sí pueden participar de la vida política, pero deben cumplir las reglas. Hay algo a lo que nos han acostumbrado desde algunas vertientes: ¿es posible invocar a un delincuente y decir que uno sigue su pensamiento? Bueno, quien lo invoca también es un poquito delincuente, ¿no es cierto? Y eso vale para Alberto Fujimori y para Abimael Guzmán, porque ambos son delincuentes y por delitos gravísimos. Yo no creo que eso deba admitirse, pero entiendo que hay diferencias en los procesos históricos. No se puede invocar el pensamiento de un delincuente.
Mientras que la Comisión de la Verdad y Reconciliación afirma de manera contundente que entre 1980 y el año 2000 el Perú vivió un “conflicto armado interno”, el MOVADEF afirma que se vivió una “guerra interna”. ¿Existe alguna diferencia –desde el punto de vista jurídico- entre ambos conceptos? ¿O son sinónimos?
Yo no soy jurista y no me regodeo en los conceptos. Esto, con el nombre de “guerra” o con el nombre de “conflicto armado”, para el 99.9% de los peruanos significa lo mismo: matar a sangre fría, tenernos en vilo a todos, tener el país en jaque. Eso no puede ser admitido.
Otros movimientos radicales latinoamericanos, como el M-19 (Colombia) o los Tupamaros (Uruguay), transitaron de la lucha armada a la política. ¿Por qué Sendero Luminoso o el MRTA no deberían recibir el mismo trato?
El M-19 o los Tupamaros son movimientos muy diferentes de Sendero Luminoso. Tuvieron más de guerrilla que de terrorismo (aunque algunos incurrieron en una que otra acción terrorista). En todo caso, la evaluación de esos movimientos se hace en sus países; no podemos nosotros mirarlos desde afuera. En Ciencias Políticas, nosotros usamos siempre la política comparada, que señala que, en primer lugar, los países que han padecido momentos brutales de quiebre democrático se cuidan de que no se regrese a esa situación y de que nadie les venda gato por liebre. Entonces, hay que tener normas claras, y los órganos que resuelven estos temas deben dar sentencias claras.
Este año se conmemora el vigésimo aniversario de la captura de Abimael Guzmán, hecho decisivo que marcó un antes y un después en la historia nacional reciente. Sin embargo, las nuevas generaciones no saben quién es él y desconocen este periodo de violencia. ¿Cómo combatir esta amnesia colectiva?
Usted me dice que una persona que tiene ahora 20 años, ¿no conoce qué pasó hace 30 años? ¿Dónde vive esa persona? ¿Con quién habla? Yo le aseguro que todo el que hoy tenga 20 años debe tener una idea de qué ocurrió en ese momento en la historia del Perú. La historia no se transmite solamente por los libros. Se transmite de persona en persona, hasta por los miedos y comportamientos colectivos que uno observa en la ciudad. Y en todo caso, sí es responsabilidad del sistema educativo que no se olvide la historia. Y toda la historia, no solamente la que nos gusta.
¿Por qué los grupos que están en desacuerdo con las conclusiones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en estos momentos salen a la luz como los principales abanderados de la lucha antiterrorista?Eso lo han querido ser siempre y todos sabemos que no ha sido así. Cuando el grupo Colina hacía sus barbaridades, salían a poner en cuestión el que se les acusara, y pretendían enfrentarnos con las FF.AA., como si denunciar esa acción paramilitar fuera cuestionarla. Lo que ha habido siempre es un intento de aprovechamiento político y lo sigue habiendo, aunque sea por razones ideológicas, para sentirse mejor. Cada uno es responsable de su conciencia. Lo único que sé es que los ciudadanos del Perú somos los que hemos defendido a nuestra sociedad.
En 1989 usted hizo una convocatoria ciudadana...
La hice yo, pero se sumaron todos, empezando por Mario Vargas Llosa. Ese año derrotamos políticamente a Sendero, salimos a las calles en la manifestación más amplia que ha habido en el Perú, a decir “no aceptamos el terror, venga de donde venga, y no aceptamos las consignas de Sendero”. Esa manifestación en Lima fue replicada en todas las capitales de los departamentos, sin que hubiera habido una institución que estuviera detrás. Porque éramos los ciudadanos los que intentábamos decir “basta a esta barbarie”. Dentro de ese paraguas llegaron luego los demás actores del Estado, y nadie puede ponerse por encima de lo que hizo la ciudadanía de a pie.
Ud. mencionaba en un video de Aula Abierta de la PUCP que la democracia consiste en “reconocer al otro, entender al que piensa distinto, al que discrepa”. Pero ¿esta tolerancia en la democracia tiene un límite?
El límite es que el Estado es el único titular del uso de la fuerza. La violencia no puede ser ejecutada por nadie. Yo no puedo imponerle mis ideas a usted con un arma en la mano ni matándolo ni mucho menos volándolo. Ese límite tiene un componente ético y político de otra naturaleza y va más allá de cualquier discusión de ideas. ¿Estoy dispuesto a tolerarlo y por lo tanto a no chantajearlo con un arma y no matarlo? En ninguna sociedad se puede permitir eso porque inmediatamente desaparece el orden público.
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