Desde hace años somos partidarios de la creación de macrorregiones, ya que las actuales 26 regiones basadas en los antiguos departamentos y la Provincia Constitucional del Callao no tienen mayor sentido, pues no reúnen la condición fundamental que establece la Constitución de formar unidades geoeconómicas sostenibles.
Nuestra carta política ofrece la solución cuando menciona que mediante referendos podrán integrarse dos o más circunscripciones departamentales contiguas para constituir una región, pudiendo seguir igual procedimiento las provincias y distritos contiguos para cambiar de circunscripción regional.
De igual forma, dos o más gobiernos regionales pueden crear mecanismos de coordinación entre sí, por lo que si el Gobierno está decidido a emprender el proceso debería iniciar desde ya un período de consultas para determinar cómo y cuántas macrorregiones es conveniente establecer.
Para esto, aprendamos de las experiencias anteriores. El primer gobierno de Alan García creó 12 macrorregiones (1989) y el de Fujimori las canceló después del autogolpe (1992). El de Alejandro Toledo intentó hacer lo propio mediante referéndum el último año de su gobierno, pero no prosperó, entre otras razones, porque la ciudadanía tomó la propuesta como un plebiscito a favor o contra del Gobierno, cuando este ya se encontraba muy desgastado.
Si queremos que esta vez funcione debe comenzarse con tiempo para que las actuales regiones sean las que hagan saber con qué otras desean unirse, de forma que no resulte una imposición desde el Gobierno Central y termine por fracasar el intento. Una descentralización efectiva merece un mejor esfuerzo para que nuestra organización política territorial sea más eficiente.
El nuevo proyecto expuesto por el presidente del Consejo de Ministros pretende que se establezcan cinco regiones, más Lima en su condición de ciudad capital, pero no como macrorregiones políticas, sino aparentemente en calidad de porciones de territorio amplias donde exista una administración territorial con proyectos de inversión conjuntos. Nosotros pensamos que las macrorregiones deben concebirse sobre la base de la unión de regiones transversales (por ejemplo, Áncash, Huánuco y Ucayali), para que cada una conjugue zonas de costa, sierra y selva, tal como lo planteara Pulgar Vidal años atrás, lo cual permitiría que todas tengan salida al Pacífico y al Atlántico, a través de Brasil.
Si bien el proceso de transferencia de competencias del Gobierno Central al regional se ha venido haciendo sin mayores obstáculos, también es cierto que las regiones han mostrado un alto grado de ineficiencia en la inversión o gasto del dinero transferido. El año pasado, cinco gobiernos regionales gastaron menos del 50% del presupuesto que les había asignado, debido a un grave problema de incapacidad de gestión que ha saltado al primer plano por la falta de preparación de sus administraciones. La ventaja, esta vez, es que la creación de las macrorregiones se ha comenzado a discutir a tiempo al inicio de un nuevo gobierno. Si se concreta, favorecerá el proceso de descentralización que no está funcionando con la indispensable coordinación que debe existir entre el Ejecutivo y las regiones. El reto es poner en práctica el modelo de Estado que la Constitución establece como unitario, representativo y descentralizado (art. 43). Las macrorregiones contribuirán mejor a promover el desarrollo, para integrar zonas que pueden complementarse mediante la realización de proyectos que unan a dos o más de las actuales regiones que hoy se enfrentan innecesariamente, como si sus intereses fueran contrapuestos. En todo caso, se debe entender que esta necesaria reforma del Estado permitirá que la nueva delimitación político-administrativa le otorgue un sentido más funcional al todavía desarticulado proceso de descentralización.
Por: Raúl Ferrero Costa
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