RETORNA LA SENSATEZ AL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES



Hugo Sivina
Presidente del JNE



Finalmente, retornó la sensatez al Jurado Nacional de Elecciones, que dejó sin efecto la absurda norma (Resolución 038-2011) que disponía que las empresas encuestadoras incluyan el DNI, el nombre y el teléfono de cada entrevistado. Eso significaba, en buen castellano, que ya no se podían hacer encuestas de opinión, pues nadie expresará lo que piensa ante el temor de que su pensamiento fuese conocido tanto por el Gobierno como por otras instituciones públicas.

Aunque era evidente el rechazo casi unánime de los ciudadanos a la medida, los candidatos estaban divididos al respecto. Por supuesto, Toledo, quien actualmente encabeza la intención de voto, de manera sobresaliente en las encuestas, protestó y advirtió que si no se derogaba la norma, encabezaría una protesta de vastas proporciones para mostrar el rechazo del pueblo.

Fue interesante constatar cómo los candidatos con baja posición en las encuestas, como Castañeda Lossio y Humala Tasso, veían con buenos ojos la disposición del JNE y la consideraban perfectamente legal. Pero Diego García Sayán, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dijo que la resolución afectaba tres derechos: a guardar la reserva de las opciones políticas, a la información de los ciudadanos sobre el desarrollo del proceso electoral y a la no discriminación por condición económica.

En una sociedad democrática como la nuestra, lo razonable era entonces que el Jurado Nacional de Elecciones retrocediese, como lo ha hecho. Javier Pérez de Cuéllar, ex secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, dijo que la norma era inaceptable. Y Javier Alva Orlandini, ex presidente del Tribunal Constitucional, aseveró que era anticonstitucional, además de un atentado contra el secreto del voto. Manifestó que si el entrevistado trabaja en una entidad estatal, esa información podría ser usada para tomar represalias o presionarlo. Y no creo que sea exagerado afirmar que la mayoría ciudadana está en contra de la norma.

Lo que debemos preguntarnos es quién estaba detrás del decreto del JNE. Toledo acusó, sin tapujos, al Apra de ser el promotor de esta absurda norma. Y, de frente, aseveró que el responsable directo es el presidente Alan García, porque quiere que quien gane las elecciones sea Castañeda Lossio. Y preguntaba: “¿Por qué cuando Castañeda encabezaba las encuestas, el Jurado Nacional de Elecciones no exigió lo que exige ahora?”. También afirma que lo mismo sucede con Keiko Fujimori, quien está estancada y no sube un solo punto en las encuestas, dando a entender que en caso de que Castañeda no ganase las elecciones del 10 de abril, entonces Keiko debería ganarlas. Con esta afirmación, Toledo da a entender que el Apra tiene un pacto con el fujimorismo.

Un hecho que parece dar la razón a Toledo es que un aprista representativo como Aurelio Pastor sostiene que Toledo es un irresponsable y que su pretendida marcha de protesta podría terminar en un baño de sangre.

Por su parte la Asociación Peruana de Investigación de Mercados entregó al JNE su pedido formal para que deje sin efecto la cuestionada resolución. La presidenta de la asociación, Urpi Torrado (lindo nombre, pues Urpi significa ‘paloma’ en quechua), dijo que las encuestadoras no realizarían encuestas de intención de voto, aunque precisó que seguirían efectuando sobre la aprobación presidencial y popularidad de los candidatos. En el documento, además, se señalaba que la norma del JNE violaba los derechos a la reserva de las convicciones, a la libertad de información y opinión, a guardar el secreto profesional y a trabajar libremente.

Llama la atención que, a pesar de todas las críticas de personalidades de alta calidad profesional y moral a la norma, Greta Minaya, miembro del JNE, sostuviera que la institución se mantendría firme y no rectificaría su posición. Sostuvo que están actuando conforme a la ley. “No estamos haciendo nada incorrecto ni recortando ningún derecho”.

Sin embargo, se trataba de una arbitrariedad. Que yo sepa, en ningún país democrático existen las medidas que propuso el JNE, por lo que saludamos que haya dado marcha atrás, por el bien de la institucionalidad democrática y para evitar manchar las actuales elecciones generales.

Por: FRANCISCO MIRÓ QUESADA CANTUARIAS

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