Cien días después de iniciado, el gobierno de Humala sigue siendo una incógnita. Con la ratificación de Velarde en el BCR y la designación de Castilla en el MEF, ha sabido rehuir el populismo y darle continuidad a un modelo económico de origen neoliberal; pero le ha clavado banderillas correctivas con el justo incremento de la contribución minera y la ley de consulta previa, normas que restablecen la autoridad del Estado allí donde los regímenes precedentes cedieron ante el influjo del mercado. Además, para bien o para mal, el Ejecutivo se está enfrentando a la emblematizada Telefónica en un caso discutible, que no se abordó frontalmente durante demasiado tiempo. También es bueno que el nacionalismo no tenga tapujos en retomar Sierra Exportadora, un programa del régimen saliente.
Pero las dudas persisten: la “economía nacional de mercado” ofrecida electoralmente postuló proyectos todavía desfinanciados, tal el caso de Pensión 65. Y el optimismo de Repsol contrasta con el desaliento por la afectación de los planes de inversión de Yanacocha. Además, promesas postergadas como la aerolínea de bandera ¿despertarán eventualmente al ogro estatista en un país que solo crecerá 6% este año, con 4% de inflación y amenaza de una aterradora agudización de la crisis mundial?
El nuevo Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social ayudará a lanzar programas sociales de segunda generación en una nación con 31% de pobres y 9% en miseria; pero la promesa de inclusión no se aclara, porque no hay un esfuerzo osado en mejorar la infraestructura necesaria para inducir, por ejemplo, al indispensable reordenamiento territorial.
El manejo político, entre tanto, es dispar. Ollanta actúa con prudencia, dosifica bien su comunicación y guarda equilibrio entre sus desplazamientos nacionales y al extranjero. Nadine ha contribuido a desdibujar (de momento) el fantasma del chavismo y Lerner se bate entre la ajustada coordinación ministerial y el amago de incendios oficialistas. A su turno, Abugattás está mejorando sus rudas formas iniciales para tener un manejo conciliador en el Congreso y el toledismo es aporte clave para la gobernabilidad.
Por contraste, el escándalo de varios miembros de Gana Perú y los indicios inequívocos de corrupción de Chehade son puñaladas en la espalda endeble del humalismo. Además, la torpeza de sus congresistas y las pasiones de sus aliados de la izquierda radical pueden incendiar la pradera con el fósforo de la persecución antiaprista. Asimismo, las críticas sobre ciertas decisiones de cancillería, la mala performance de Devida, las turbulencias en Cultura, la ausencia de investigación del Caso Alexis, el intervencionismo de ciertas ONG en la decisión de políticas de Estado, el pésimo manejo con la CIDH y la manera imprecisa como se está haciendo la reforma policial evidencian que la estabilidad de este primer tramo es muy frágil.
La oposición, sobre todo fujimorista, sigue herida por su desastre electoral y reacciona visceralmente como en el caso de García Naranjo y la última, y necia, acusación contra la primera vicepresidenta Marisol Espinoza. Pero si el gobierno no da muestras de enmienda exigiendo sanciones, como la inmediata renuncia de Chehade, lo que hoy es una pelea contra las sombras se convertirá en guerra sin cuartel a lo largo de los 57 meses de mando que le quedan al humalismo.
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