Comenzamos el 2011 con una preocupación creciente: el encanallamiento de la política.
En plena campaña electoral, los peruanos volvemos a vernos envueltos en un proceso en el que se deja de lado el debate racional sobre los programas y planes de gobierno, mientras priman las actitudes ruines de quienes parecen buscar el poder para usufructuarlo personal o grupalmente y no para servir al pueblo.
Un caso extremo es el intercambio de insultos en las redes sociales de Internet (como Facebook y Twitter). El recurso de unos y otros ha sido terrible. Han menudeado las groserías, los ataques arteros sobre la sexualidad de los candidatos, sobre sus familias, etc. También han aflorado prejuicios peligrosos como la homofobia. Y todo eso ha determinado que se prolongue en el mundo virtual aquella misma guerra sucia que tanto daño hizo durante las últimas elecciones municipales.
Eso demuestra, por una parte, que el famoso Pacto Ético Electoral carece de eficiencia, porque mientras no haya real voluntad de los políticos por comportarse con decencia, cualquier regulación externa será inútil. Por otra parte, salvo muy pocas excepciones como la proactividad de PPK, la forma torpe de participación en el mundo informático evidencia que los estrategas electorales desconocen el auténtico valor de las redes sociales.
Ahora que tanto se habla de recuperar su credibilidad y acercar al político al ciudadano, el verdadero potencial de las redes en un proceso electoral es usarlas como un servicio público para que los partidos, a través de equipos dinámicos, atiendan a los electores, contesten sus inquietudes y los orienten vía online. Los propios medios de comunicación, en vez de reproducir los insultos electrónicos a manera de bobas cajas de resonancia, deberían usar sus espacios web para organizar foros, chats, acopio de informes del periodismo ciudadano, etc. con el objetivo de que el voto sea razonado.
El potencial para esto es enorme en un país como el Perú donde más de un millón de hogares tienen acceso permanente a Internet, mientras 27 millones de personas usan celulares y casi el 12% de los ciudadanos tienen cuentas en el Facebook.
Hasta hace unos meses había esperanza de que aquí se actuara inteligentemente, siguiendo el ejemplo de experiencias internacionales brillantes como la campaña presidencial de Obama, en Estados Unidos. De hecho, el ex presidente Toledo lanzó su campaña vía Twitter, algo equivalente hizo Keiko Fujimori, Luis Castañeda comenzó, igualmente, con sensatez por medio del Facebook y Pedro Pablo Kuczynski publicó sus propuestas para debatirlas con los internautas. También Palacio de Gobierno encontró en el ‘tuiteo’ una forma comunicacional pronta y eficiente. Antes, y justo es reconocerlo, Fuerza Social ya había demostrado con la victoria de Susana Villarán cómo sí se puede ganar votos. Y el Partido Nacionalista ha tenido espacios muy esclarecedores en Internet. Pero ahora son los secundones, esos inefables escuderos de los candidatos principales, quienes están pervirtiendo el mundo virtual con una impunidad que solo puede ser frenada por esa audiencia, sobre todo juvenil, que sí tiene capacidad para repudiar activamente el encanallamiento de la política.
Entre tanto, otro signo de la pobreza conceptual en esta campaña es la polémica alteradilla sobre quién es el autor de las grandes obras de infraestructura nacional y a quién se debe la bonanza macroeconómica por la que atravesamos. Pero lo cierto es que ese intercambio de supuestos derechos y autorías resulta tan necio como discutir sobre la familia del mítico Tarzán.
Lo sustantivo ahora es que los candidatos no pierdan de vista que deben darle continuidad a los asuntos de Estado, independientemente de los cambios de gobierno o de funcionarios. Toda democracia madura se precia de no descontinuar la ejecución de las políticas públicas y de los proyectos de desarrollo nacional por el simple hecho de que se produce un cambio de gobierno o porque un ministerio pasó a manos de otro funcionario.
El progreso del Perú no puede estar librado al ego de los políticos. Necesitamos el compromiso y la garantía de que independientemente de quienes ocupen la Presidencia de la República y los escaños del Congreso concierten con todas las fuerzas una serie de acciones y prácticas de políticas públicas orientadas a elevar la calidad de vida de las grandes mayorías de la población con transparencia, buen uso de los recursos, honestidad en la función administrativa y racionalidad en las inversiones.
Los electores debemos exigir que nuestros políticos piensen en función de Estado y no simplemente de gobierno. Continuidad no es continuismo. Y por eso es inaceptable que cada cinco años el poder de turno pretenda reinventar el Perú.
Por: Hugo Guerra
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