La semana pasada el sociólogo Jaime Antezana reveló los nombres de 7 de una lista de 12 legisladores que, según sus investigaciones, tendrían nexos con el narcotráfico o lavado de activos provenientes de esta ilegal actividad: Josué Gutiérrez Cóndor, Teófilo Gamarra, Wilder Ruiz, María López, Federico Pariona, Norman Lewis y Elías Rodríguez; los nombres de los otros 5 parlamentarios serían revelados en un evento académico internacional a realizarse en la capital en las próximas semanas. Ante este hecho político de coyuntura fui entrevistado por Miguel Ángel Soriano, en la que hice algunos esbozos de lo que creo está pasando y el temor de la ciudadanía de que el Perú se esté convirtiendo en un Narco-Estado.
En primer lugar analicemos qué es lo que ha ocasionado que nos encontremos en la situación actual (narcoterroristas); creo identificar dos causas principales: en primer lugar el propio Estado por medio de un deficiente sistema electoral que no garantiza que los postulantes a algún cargo público sean honestos en la información que consignan en sus "hojas de vida" (que ne muchos casos más parecen prontuarios). No existe un control serio de verificación si la información proporcionada por los candidatos es cierta o si intencionalmente están omitiendo mencionar algún pasado (o presente) judicial y penal. En el congreso actual vemos parlamentarios con graves denuncias, previas a su elección. El segundo responsable (o responsables) son los partidos políticos, los cuales no cuentan con un adecuado sistema de elecciones internas ni de control de sus correligionarios. Vivimos en una democracia sin partidos, en la cual estos solo aparecen en momentos electorales y cuyos candidatos, mientras más dinero aporten a la campaña electoral, más probabilidades tienen de ocupar los primeros números en las listas congresales.
En segundo lugar, ¿estamos ante un narco-Estado? Cabe mencionar y definir las características que una nación debe tener para caer dentro de esta categoría. Un narco-Estado es aquel en el que el aparato estatal se encuentra influenciado de una manera importante por grupos narcotraficantes y en el cual las "autoridades" cumplen una doble función: por un lado gobiernan, y por el otro son miembros de dichos grupos criminales. La ONU reconoce, a nivel internacional, la existencia de dos naciones que cumplen estos requisitos: Kosovo y Guinea Bissau; Estados en los cuales la función doble de las autoridades no está oculta, la sociedad conoce a qué se dedican e incluso cometen esos actos "a plena luz del día". Si bien es cierto el Perú no esta a ese nivel (aún), estas denuncias deben hacernos llamar la atención sobre quiénes son los que nos gobiernan y cómo llegan a esos cargos. (Recordemos que hay una ex congresista detenida acusada de lo mismo y que incluso formó parte de la comisión de Defensa del Congreso, teniendo acceso a información privilegiada y de seguridad del Estado). La alerta está dada.
Finalmente, debo mencionar que lo que Antezana presenta es el resultado de años de investigación sociológica y no las acusaciones de algún contrincante político, así que las denuncias e indignaciones por parte de los "acusados" son muy sospechosas. Lo que deberían hacer, si aún este congreso tiene algo de ética, es levantarse su inmunidad parlamentaria y someterse a las investigaciones del caso, pero estoy seguro que no lo harán.
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