¿PÚBLICO O PRIVADO?

Esta semana el debate público ha sido copado no por las acusaciones (casi tradicionales) de corrupción contra el gobierno de Alan García, o ahora contra Alejandro Toledo; sino que el centro de la atención ha sido la promulgación de la denominada "Ley de la comida chatarra"; por la cual en los centros educativos públicos de obliga a los vendedores a ofrecer alimentos sanos y nutritivos, en contraposición a los clásicos alimentos "chatarra" (gaseosas, chocolates, golosinas, etc.). Muchos, ahora, defensores de la libertad de elección han salido a querer imponer su voz de protesta, reclamando que se "está reduciendo y eliminando la libertad de las personas a consumir lo que quieran", que "esa es labor de los padres y no del Estado", que "se están metiendo con el mundo privado de las personas". Desde el punto de vista del análisis de políticas públicas este es un buen ejemplo para reflexionar.

Pero, ¿qué es una política pública? Existen variedad de definiciones pero la más difundida dentro de la Ciencia Política es aquella enunciada por Subirats: "una serie de decisiones o de acciones, intencionalmente coherentes, tomadas por diferentes actores, públicos y a veces no públicos a fin de resolver de manera puntual un problema políticamente definido como colectivo. Este conjunto de acciones y decisiones da lugar a actos formales, con un grado de obligatoriedad variable, tendientes a modificar la conducta de grupos sociales que, se supone, originaron el problema colectivo a resolver, en el interés de grupos sociales que padecen los efectos negativos del problema en cuestión" (Subirats, 2008).

Esta definición, si bien extensa, nos proporciona los elementos esenciales para un análisis de la denominada "Ley de comida chatarra". En primer lugar, hay un problema público, y su carácter de público nace del hecho de que afecta a una considerable número de habitantes: hoy en día la malnutrición y la obesidad mórbida se han convertido en problemas tan importantes como la seguridad ciudadana o el narcotráfico; pero, ¿quién define qué es un problema público y qué es un problema privado (no público)? La propia definición nos da la respuesta: Diferentes actores (públicos y privados) siempre bajo la mirada atenta del Estado y sus instituciones. Recordemos que si bien es cierto la ley fue promulgada por el presidente, como manda la constitución, fue propuesta, elaborada y aprobada por el Congreso de la República, punto que muchos opositores del actual gobierno olvidan con rapidez.

La segunda parte del análisis y de la definición tiene que ver con el sentido de la política pública en cuestión, y responde a la interrogante ¿Para qué? Pues bien como dice líneas arriba para modificar la conducta de los grupos sociales que originaron el problema, entonces dentro de la clasificación de políticas públicas, que plantea Lowi, esta sería una política regulativa. (Lowi, 1964). Recordemos que el problema no es la venta de este tipo de comida, el problema o los problemas son las enfermedades que el consumo excesivo de dichos alimentos genera en la población: obesidad mórbida, diabetes, hipertensión arterial, problemas cardiovasculares, etc. El Estado no hace más que prevenir que más gente sufra dichos males y por consiguiente evitar un mayor gasto en atención médica en el futuro, dinero que se podría invertir en educación, seguridad, etc.

Finalmente, muchos se preguntan: ¿el estado puede hacer eso?. La respuesta está en la misma definición del Estado: si; ya que es el estado la única institución que ejerce ese poder de coerción (obligatoriedad) sobre la población  Acaso nadie se acuerda que antes de la regulación y endurecimiento de las leyes de tránsito, casi nadie manejaba con cinturón de seguridad? La escuela es parte del sector público y por tanto es obligación del Estado no solo educar en conocimientos, sino en hábitos de vida saludables; nuestros hijos y nietos nos lo agradecerán. Pues bien, los resultados de esta política no se verán ahora ya que es debe trascender su propia esencia y no ser una política de gobierno, sino una política de Estado.